Fue Charles Louis de Secondat de Montesquieu en su obra "Del Espíritu de las Leyes" el que por primera vez habló de la división de los Poderes del Estado en tres: poder legislativo, ejecutivo y judicial, poder cuya titularidad se encarga respectivamente al Parlamento o Congreso, al Gobierno y los Tribunales de Justicia.
Este es uno de los principios que caracterizan el Estado de Derecho moderno. Hoy en día habría que hablar más bien de separación de funciones o separación de facultades, al considerar al poder como único e indivisible y perteneciente original y esencialmente al titular de la soberanía (nación o pueblo), resultando imposible concebir que aquél pueda ser dividido para su ejercicio.
¿Reside la soberanía en el pueblo hoy en día? ¿Es esta separación de poderes la que sigue prevaleciendo? Desde luego que no. El poder económico, como últimamente estamos comprobando se impone a la soberanía popular y los representantes que ha elegido (*), o sea, el poder legislativo y el ejecutivo. Otro poder nacido modernamente, el mediático, ha quedado rápidamente subyugado igualmente al poder económico.
Evidentemente si el poder esta en manos militares y/o policiales, no cabe hablar de democracia y la división de poderes no existe o está gravemente restringida.
Nos queda el poder judicial, aparentemente aún libre, aunque tenemos ejemplos como el de Berlusconi, en los que vemos claramente como el dinero también puede corromper la justicia y quedar a merced del poder económico.
Pero no hemos de ir tan lejos. Por aquí también tenemos brillantes pensadores para esto de reducir el poder judicial. Lo increíble es que la propuesta venga de un sindicato, en este caso de la policía, SAP-UGT, que debe de padecer amnesia y ha dejado de recordar lo que era un estado policial.
Estos genios proponen que los policías autónomos asuman funciones para hacer de juez y parte y resuelvan cuestiones del ámbito penal que ahora quedaban reservadas a la justicia. ¡Vaya estado de derecho! ¡Por si acaso, no te enfades con un policía!
Ventaja que aporta su propuesta es el ahorro de jueces, obviamente. Desde este punto de vista podríamos llegar al ahorro total. Se suprime la justicia y lo que diga la policía va siempre a misa.
Otra ventaja es que aumentaría la recaudación, dicen. Obvio también. Podrían ir a saco con el ciudadano sin que este tuviera amparo.
Otra ventaja: como todo quedaría en multas, no pasarían los culpables por los juzgados y no tendrían penas de carácter penal. ¡Que alegría!
No puedo entender como UGT puede dar apoyo a este desmán, totalmente anticonstitucional. ¡A lo que nos va a llevar la falta de dinero!
(*) Esta semana hemos tenido un ejemplo sabroso. CiU apoyó la aprobación en el Congreso de una ley la cual establece que los fabricantes de coches deben de recomprar a los vendedores los coches que no hayan vendido en 60 días.
Tal ley no les ha gustado nada al lobby de fabricantes, cuya patronal Anfac ha empezado a amenazar y ha dicho que empezará a revisar sus planes de inversión.
Cangelo rápido. Ahora quieren rápidamente anular la ley. Quien manda, manda.
Este es uno de los principios que caracterizan el Estado de Derecho moderno. Hoy en día habría que hablar más bien de separación de funciones o separación de facultades, al considerar al poder como único e indivisible y perteneciente original y esencialmente al titular de la soberanía (nación o pueblo), resultando imposible concebir que aquél pueda ser dividido para su ejercicio.
¿Reside la soberanía en el pueblo hoy en día? ¿Es esta separación de poderes la que sigue prevaleciendo? Desde luego que no. El poder económico, como últimamente estamos comprobando se impone a la soberanía popular y los representantes que ha elegido (*), o sea, el poder legislativo y el ejecutivo. Otro poder nacido modernamente, el mediático, ha quedado rápidamente subyugado igualmente al poder económico.
Evidentemente si el poder esta en manos militares y/o policiales, no cabe hablar de democracia y la división de poderes no existe o está gravemente restringida.
Nos queda el poder judicial, aparentemente aún libre, aunque tenemos ejemplos como el de Berlusconi, en los que vemos claramente como el dinero también puede corromper la justicia y quedar a merced del poder económico.
Pero no hemos de ir tan lejos. Por aquí también tenemos brillantes pensadores para esto de reducir el poder judicial. Lo increíble es que la propuesta venga de un sindicato, en este caso de la policía, SAP-UGT, que debe de padecer amnesia y ha dejado de recordar lo que era un estado policial.
Estos genios proponen que los policías autónomos asuman funciones para hacer de juez y parte y resuelvan cuestiones del ámbito penal que ahora quedaban reservadas a la justicia. ¡Vaya estado de derecho! ¡Por si acaso, no te enfades con un policía!
Ventaja que aporta su propuesta es el ahorro de jueces, obviamente. Desde este punto de vista podríamos llegar al ahorro total. Se suprime la justicia y lo que diga la policía va siempre a misa.
Otra ventaja es que aumentaría la recaudación, dicen. Obvio también. Podrían ir a saco con el ciudadano sin que este tuviera amparo.
Otra ventaja: como todo quedaría en multas, no pasarían los culpables por los juzgados y no tendrían penas de carácter penal. ¡Que alegría!
No puedo entender como UGT puede dar apoyo a este desmán, totalmente anticonstitucional. ¡A lo que nos va a llevar la falta de dinero!
(*) Esta semana hemos tenido un ejemplo sabroso. CiU apoyó la aprobación en el Congreso de una ley la cual establece que los fabricantes de coches deben de recomprar a los vendedores los coches que no hayan vendido en 60 días.
Tal ley no les ha gustado nada al lobby de fabricantes, cuya patronal Anfac ha empezado a amenazar y ha dicho que empezará a revisar sus planes de inversión.
Cangelo rápido. Ahora quieren rápidamente anular la ley. Quien manda, manda.