Trileros, S.A.

Es abrumante el número de noticias que aparecen en la prensa diariamente en las que, ya sean los gobiernos o las empresas privadas, nos informan de la corrupción y el asalto a nuestros bolsillos que por doquier asoma bajo diferentes facetas.

Veíamos esta semana como la empresa Gowex había falseado sus cuentas. Naturalmente, como siempre ocurre en estas ocasiones, los auditores no se habían enterado y tuvo que ser una empresa de auditores externa la que destapó la estafa. Pero esto es la primera parte, ya que esta empresa, Gotham, al descubrir el pastel se puso bajista (sabiendo que el valor de las acciones se iría al carajo al denunciar el fraude) y así se ha puesto las botas al hundirse el precio de la acción. Demoledor.

La segunda parte es que el estafador, el presidente de Gowex, Jenaro García, sabedor también de que esto iba a explotar, vendió previamente parte de sus acciones en la compañía. Información priveligiada o estafa pura y dura a los accionistas, lo que se prefiera.

Aquellos accionistas que confiaron en los buenos resultados de esta empresa, aprobados por auditores en principio fiables, han visto perder lo invertido. 

Pero esto ocurre en las mejores casas y no es de extrañar que en el reino de los trileros económicos, EE.UU., veamos hoy un caso parecido con la empresa estadounidense Cynk, suspendida en Bolsa por sospecha de estafa tras subir un 36.000% en el mes. Las acciones de la empresa de internet habían pasado de 6 centavos a 21,95 dólares en semanas. 

Pero, vamos a ver, si un inversor ve que el dinero que ha invertido en acciones en una empresa se multiplica por 36.000 en un mes, ¿qué demonios se cree que está pasando? ¡Vende, hombre, vende! Pero la avaricia no tiene límite y al final se pierde todo.

Vemos, por otra parte, como la reforma laboral que iba a traer tanto empleo, no solo ha servido para despedir barato y aumentar el paro, sino que permite reducir los salarios a la brava. Véase lo que hacen los trileros de la empresa Atento que tras presentar un ERE para 823 empleados publica ahora ofertas de trabajo en que los despedidos pueden apuntarse a obtener nuevamente el trabajo, claro que con un salario muy inferior. En el fondo son buenas personas que no te dejan en la calle.

Un oficio que ahora se paga bien este de aconsejar a los trileros laborales para que estafen a sus trabajadores y los degraden sin fin. 

A este proceso sin fin se vuelve a acoger Iberia, que pretende “afeitar” 850 puestos de trabajo más.

Vemos hoy como la Comisión Europea ha decidido incoar un procedimiento de investigación formal por la posible manipulación de estadísticas en la Comunidad Valenciana en relación con los datos de déficit de entre 2008 y 2011. ¿Extraña a alguien esto en una Comunidad donde los trileros autonómicos han campado a sus anchas? 

Pero ya sabemos que el trilero “máximus”, el que actúa todos los viernes, no tiene descanso. Es una auténtica máquina de destrucción masiva de la convivencia en este país. Aprovechando como siempre que unos están de vacaciones y otros atontados mirando el fútbol, aprovechan para colar un paquete salvaje de leyes las cuales tendrán un debate-paripé en el Parlamento para así guardar las formas. ¿Democracia? ¿Para qué, hombre? Decreto-Ley y aprovechar, mientras que esto dure, para seguir transfiriendo rentas del trabajo a los empresarios. 

En este paquete de leyes va una de ayuda para contratar jóvenes. Una excusa para dar subvenciones a las empresas. Si a una empresa le hace falta un trabajador lo contratará y no hay que darle ayuda. Nadie contratará un empleado porque le den 1.800 euros. Una excusa para transferir dinero de nuestros bolsillos a los empresarios. Lean este artículo y saquen ustedes conclusiones.

La realidad es que la degradación salarial sigue avanzando (el 22% de los que se licenciaron hace cuatro años cobra menos de 15.000 euros) como muestra un estudio entre titulados en Cataluña que revela que el mileurismo ha crecido 10 puntos. Los trileros empresariales siguen robando renta a los trabajadores. Naturalmente el consumo no chuta, porque con estos salarios ¿quién compra? Lo bueno es que estos mal llamados empresarios (se creen que la mejora de la productividad y la competitividad pasa por reducir los salarios) piensan que el consumo de los buenos tiempos está a la vuelta de la esquina y volverán a tener grandes beneficios gracias a los salarios chinos que se pagarán en este país.

Sobre los trileros fiscales y el apiste que nos darán para que la gente vote PP (“porque bajamos los impuestos tal como prometimos”, nos dirán en campaña electoral), ya escribí hace unos días.

En Catalunya, más de dos años después, se despiertan ahora sobre el fraude a nuestros bolsillos que se realizó con Spanair. Nada más y nada menos que 185 millones de euros de nuestro dinero (ese que es tan escaso para pagar colegios y sanidad) se lo dieron a esta empresa por parte de los trileros públicos, o sea, la Generalitat Catalana y el Ayuntamiento de Barcelona, cuando era evidente que estaba quebrada, como así escribí en este blog en su día, advirtiendo que se perdería ese dinero. Ahora ya es tarde. ¿Dónde están esos 185 MM. de euros? Uno se sonroja oyendo al Presidente Mas justificar la operación diciendo que la intención era “que saliera bien”. Una forma fácil de justificar cualquier desmán.

Y más aún y más grave: modificar las reglas electorales para seguir ganando las elecciones auqnue se pierdan votos. España es un cortijo del PP y del PSOE. Ya lo vimos como Cospedal lo hacía en su autonomía: reducir el número de diputados elegidos, buscando de esta forma, gracias al sistema electoral vigente, hurtar escaños a los partidos pequeños.

Esto es lo que persigue el PP (y obviamente también el PSOE) para las próximas elecciones municipales (que obviamente van a perder en muchas ciudades si no sacan una ley-trampa). El PSOE pretende edulcorar un poco el tema pidiendo que las elecciones se realicen con una segunda vuelta (así se quedarían solo PP y PSOE y eliminarían de esta forma a los pequeños partidos en la mayoría de pueblos y ciudades).

Para ver hasta que punto esto modifica la democracia y es TRILERISMO PURO, nada mejor que un ejemplo.

Supongamos un pueblo en el que votan 1.000 personas y la lista más votada sea la del PP con 100 votos. Supongamos que el resto de votantes sean de izquierdas pero cuyo voto se reparte entre varios partidos (por eso va bien que aparezcan multitud de partidos de izquierda) y ninguno obtiene más de 100 votos. Pues bien, lo que propone ahora el PP es que el alcalde sea del PP a pesar de que mayoritariamente el pueblo no es pepero. ¿Puede funcionar un pueblo o una ciudad con este montaje? 

¿No nos hallaremos ante una convivencia social degrada y potencialmente explosiva? ¿Les da igual esto mientras sigan controlando las alcaldías y sigan llevándose el 10% del importe de las contratas, que es de lo que se trata?

Y para acabar Urgandarín. Evidentemente no hay quien salve a este chico (otra cosa es su excelentísima señora) dadas las pruebas existentes. Pero para salvarlo por otra vía ahí están los trileros gubernamentales y Gallardón, al mejor estilo Berlusconi (quien cambiaba las leyes en la medida que era necesario para que no lo procesaran), ya está preparando un nuevo anteproyecto de ley que permita a los abogados del marido de la Infanta marear la perdiz sin fin y sin descanso hasta que nos olvidemos todos del tema.

Exactamente esto es lo que decía El País del 8-6-2014

Suspensión de grandes casos de corrupción por el instructor

El artículo 78.3 del anteproyecto de Ley señala que “si se planteare una cuestión prejudicial determinante de la culpabilidad o inocencia, el Tribunal suspenderá el procedimiento hasta la resolución de aquella por quién corresponda”. En la práctica, este artículo permitiría suspender la investigación abierta por el juez José Castro en el caso Nóos si, por ejemplo, Iñaki Urdangarin, imputado por corrupción, planteará una cuestión prejudicial para resolver si cometió o no delito fiscal, uno de los que se le imputan en la causa, ante otro tribunal. De aplicarse el artículo 78.3, se paralizaría el proceso penal abierto por el juez José Castro hasta que el nuevo tribunal resolviese la cuestión. La sala de Gobierno del Tribunal Supremo, cuyo presidente, Carlos Lesmes, lo es también del Consejo General del Poder Judicial que informará en las próximas semanas el anteproyecto del Gobierno, estima que el artículo 78.3 “puede generar problemas en la práctica” por lo que sugiere su “supresión y el mantenimiento de la regulación actual”.

Seguiré escribiendo sobre el tema, porque materia no faltará.