Estos días, mientras todo el mundo estaba centrado en las elecciones Catalanas, su Gobierno aprovechó la ocasión para pasarse, una vez más,
la justicia por el forro, con la connivencia del gobierno pepero. El tema ha
pasado desapercibido, pero hoy 200 jueces de toda España han emitido un comunicado explicando la infamia que supone indultar a cuatro mossos,
condenados con todas las de la ley a penas de cárcel por torturas.
Se ha visto una vez más el pegamento que une a PP y CiU por
encima de riñas identitarias. Ambas formaciones se han puesto de acuerdo para
salvar los pilares del corporativismo policial y burlar los fundamentos del
Estado de derecho. Solo así puede entenderse que el Gobierno central, a
petición de los interesados y con el respaldo de la Generalitat, haya concedido
este segundo indulto a cuatro mossos, una medida que echa por tierra
dos sentencias condenatorias: de la Audiencia de Barcelona y del Tribunal
Supremo.
Tras el primer indulto, la Audiencia Provincial de Barcelona
se negó a concederles la suspensión de la pena de dos años de
cárcel y por tanto debían entrar en prisión, por lo que los cuatro condenados
por torturas a un ciudadano rumano solicitaron al Gobierno un nuevo indulto
para eludir la cárcel, que hace unos días, en plena campaña electoral, les fue
concedido conmutando la pena de prisión por dos años de multa (de “multilla” más
bien). Un precedente
peligrosísimo porque esto es dar carta blanca a la policía.
Un fraude y un abuso de la facultad de indulto, que supone una afrenta en toda regla al Poder Judicial. Para estos doscientos jueces,
entre los que destacan la vocal del Consejo General del Poder Judicial,
Margarita Robles y el magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez
García, "conceder un indulto en estas circunstancias supone realizar
un uso grosero y desviado de la institución".
Vemos con preocupación creciente como el Estado indulta a
quien le conviene (tal como escribí ya hace meses), pasando por encima de la Justicia. No es de extrañar que al
Ministerio de Justicia ya se le llame el Ministerio de Injusticia. Naturalmente a Gallardón le ha faltado tiempo para decir que puede hacer lo que le de la gana, ya que ese es el estilo de gobierno del PP en todos sus Ministerios.
Y recordar que donde no hay justicia no hay democracia.
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