Otro paso más

Se va poniendo en evidencia (por si no estaba claro), que esto es ya más bien una dictadura en la que un gobierno impone su ley ¡y de que forma!

Rebajados los salarios de los empleados públicos (y sus vacaciones), rebajados los salarios de los trabajadores privados, establecido el sistema para rebajar las pensiones, borrados del mapa los derechos laborales, aumentados los impuestos (directos o indirectos, pagados por la clase media, e incluso estableciendo tasas para acceder a la justicia, que es otra forma de recortar los derechos), aprobado el despido libre sin casi indemnización, pasada la factura del descalabro bancario a los contribuyentes, controlado el Tribunal Constitucional de forma que cualquier ley a gusto del PP pueda ser aprobada, incrementadas las facturas de la energía a destajo para satisfacer a los oligopolios, eliminada la competencia bancaria para crear un oligopolio financiero que además no da crédito impidiendo la recuperación económica, establecida una política económica en la cual el objetivo primordial son los beneficios empresariales y no la creación de empleo (después de invitar a todo aquel que no tenga trabajo a que se largue de España), iniciado el proceso de demolición de las televisiones públicas, iniciada la privatización y liquidación del patrimonio público, recortada la sanidad (con repago farmacéutico), en marcha la demolición la enseñanza pública, haber informado a los discapacitados que como mejor están es muertos, después de haber indultado a todos los amiguetes, después de haber prohibido que haya mendigos, demolida la Justicia como poder independiente, al servicio ya del Gobierno (véase la sentencia del Prestige), queda ahora por demoler los derechos democráticos y llevar a este país a tiempos de la dictadura franquista, época de ensueño del empresariado español, en la que el ciudadano sencillamente no tenía derecho a nada y obligación a todo. 

La ley que promueve el ministro del interior Jorge Fernández es evidentemente una ley anticonstitucional, ya que en la Constitución se consagra el derecho de manifestación como uno de los fundamentales de los españoles, pero como ya sabemos quién gobierna este Tribunal, podemos dar por aprobada la nueva salvajada que se avecina a la que le quitarán alguna coma para mostrar lo bondadoso que es este Gobierno y de que escucha al pueblo, como la propuesta que hace ahora a los pensionistas de subirles un 0,50% en vez del 0,25%. Una burla.

La contaminación que sufre el PP al tener alojada en el partido a la rancia extrema derecha lleva a extremos tan chuscos como el que observamos al ver que este ministro meapilas propone multas de hasta 600.000 euros para aquel que interrumpa una misa. Ni Franco se atrevió a tanto. Recuerdo que 600.000 euros son 100 Millones de pesetas. Aquí hay alguien que ha perdido el oremus. Tan es así que la norma podría llamarse de Protección de la Policía más que de Protección de la Seguridad Ciudadana. Si no, es inexplicable que Interior amenace con sanciones de hasta 30.000 euros a quien insulte a un agente cuando esté “velando por el mantenimiento del orden público” en una manifestación. ¡30.000 euros!

“Es un absoluto disparate y parece un código disciplinario para militarizar la sociedad”, resume el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, que alerta de que recurrir una multa de estas dimensiones por la vía del contencioso administrativo puede suponer 2.000 euros solo en tasas, mientras que por lo penal es gratis.

Puestos a prohibir, hasta el botellón queda incluido en la ley. Eso sí, si solo perturba la tranquilidad ciudadana. Tendrán que definir que es la tranquilidad ciudadana.

Pero la imposibilidad de publicar imágenes de la policía en acción incluida en esta ley atenta contra los derechos básicos de información. Es evidente que lo que se busca es posibilitar cualquier acción policial en las manifestaciones (contundencia franquista) sin que se pueda publicar lo ocurrido. Naturalmente la ley impedirá las manifestaciones en los lugares claves y pronto veremos cómo se monta un manifestódromo en medio de los Monegros, reserva natural para manifestaciones por supuesto autorizadas y siempre que no sean muchos.

Pero grave es también la que se anuncia como nueva ley de huelga. Ya había una. ¿Qué se pretende “revisándola”? Pues sencillamente ponerle tantos impedimentos a las huelgas que ya no sean tales. Mientras la Constitución permite la huelga, las leyes del PP la impedirán de facto. Quedan muchas cosas por privatizar y no puede fallarles el tiro como ha ocurrido con la limpieza. Ahora van a por los del alumbrado de las farolas de Madrid. ¡En Catalunya se están privatizando las depuradoras del agua!

Muy grave este paso. Trabajo tendrá el nuevo gobierno español que suceda al PP (esperando que una coalición UPyD-PP no sea el nuevo Gobierno, porque entonces apaga y vámonos) para darle vuelta al calcetín teniendo en cuenta que el empresariado español está encantado con todo esto. 

¿Y si proponemos multas de 600.000 euros para los políticos corruptos?

Siento un asco tremendo.

En la foto de arriba el meapilas en una procesión.