Reproduzco el importante artículo que leí hace unos días en el diario Público y que deja claro el problema que tiene España debido al golpe de estado Constitucional del 2010 (y al que seguirán otros ya que la política ha renunciado en favor de la justicia), que fusiló el nuevo estatuto catalán (aprobado por el Parlamento Catalán y las Cortes Españolas) y del que ahora se recogen las consecuencias de tamaño error. Pero estos problemas no solo son para Catalunya. España se ha disparado un tiro en el pie, ya que los necesarios diputados del PP y PSOE para gobernar España provenían en parte importante de Catalunya y ahora han desaparecido y nos podemos encontrar con la posibilidad de que no se pueda formar una mayoría estable que gobierne a partir de 2016. El sistema electoral que ha permitido el bipartidismo a través de un sistema electoral que falseaba lo de "una persona un voto", ahora se convierte en un bumerán gracias a la Ley d'Hondt que tenemos.
Javier Pérez Royo considera que la Constitución se ha convertido en inviable y ha iniciado una fase de implosión final. Son claves la sentencia del TC que anuló parte del Estatut y el posible fin del bipartidismo en las próximas elecciones generales.
Javier Pérez Royo considera que la Constitución se ha convertido en inviable y ha iniciado una fase de implosión final. Son claves la sentencia del TC que anuló parte del Estatut y el posible fin del bipartidismo en las próximas elecciones generales.
Javier Pérez Royo.- JAIRO VARGAS / JULIA PÉREZ
MADRID.- Ya puestos, ¿por qué no volar la Constitución?
Javier Pérez Royo (Sevilla, 1944) es un catedrático de Derecho Constitucional
que, con voz pausada y discurso didáctico, expone una conclusión provocadora:
la carta magna surgida en 1978 no tiene salida, porque saltó por los aires en
2010. Y ha publicado un ensayo La reforma constitucional inviable (Los Libros
de la Catarata, 2015) donde reclama audacia para abordar la nueva fase política.
Pérez Royo sostiene que la Constitución está pensada para no
ser reformada. Cuestiona el sistema de representación, una "trampa",
escribe, en la que no cayeron los constituyentes y que se edificó sobre las
leyes franquistas con un único fin: instaurar la monarquía. Cuestiona el propio
proceso de definición de las Cortes Constituyentes. Califica de
"atajo" la Transición... Y asiste expectante al resultado que depare
las próximas elecciones del 20 de diciembre de 2015, donde se comprobará si el
bipartidismo constitucional ha concluido y si se confirma la crisis sistémica
en la que, dice, estamos inmersos.
"Yo creo que no va a haber voladura; va a haber
implosión". Pérez Royo casi susurra la palabra "implosión",
consciente de la gravedad histórica del momento. "Va a pasar lo mismo que
ocurrió con la Constitución de la Restauración de 1876, que se pasan desde
finales del siglo XIX hasta el año 30 discutiendo sobre su reforma. La Academia
de Ciencias Políticas, las universidades, los periódicos... todo el mundo
hablando de la reforma de la Constitución y no se reforma, sino que salta el 14
de abril [de 1931, fecha de la proclamación de la Primera República]. El
sistema ha quedado sin legitimidad, la Constitución ha quedado vacía, no tiene
alma, es un cascarón vacío y se hunde. Algo similar le va a ocurrir a ésta; ése
es el camino por el que vamos. En España se discute de reforma de la
Constitución más que en ningún otro país del mundo, con muchísima
diferencia".
Su primer libro sobre reforma de la Constitución, recuerda,
ya lo escribió en 1988, que fue premio de investigación del Congreso de los
Diputados: "Las Constituciones que no se reforman acaban saltando por los
aires".
Usted sostiene que la reforma constitucional es inviable,
aunque se plantee por un partido mayoritario como el PSOE, al que usted
asesora. ¿Qué solución cabe?
La Constitución española no es especialmente rígida; está en
la media de las constituciones europeas. Las mayorías cualificadas que exige
son las que existen en todas las demás. Por lo tanto, no es un problema
jurídico, es un problema político.
El obstáculo que hay en España es que, a lo largo de nuestra
historia, la sociedad española nunca ha sido capaz de plantearse en
circunstancias de normalidad una operación constituyente. Nosotros siempre nos
hemos puesto de acuerdo cuando estábamos en una situación en la que ya no
podíamos no ponernos de acuerdo: porque los franceses invaden en 1808; porque
muere Fernando VII sin descendiente varón y se producen las guerras carlistas;
porque llega la revolución de 1868 y se echa a Isabel II y a la dinastía de los
Borbones, porque llega el 14 de abril y se echa por segunda vez a los
Borbones... Esto es lo que diferencia la historia constitucional española de
los demás países democráticos. España no ha hecho nunca una reforma de la
Constitución.
Pero, ¿qué solución cabe? ¿Reforma, ruptura de la legalidad,
voladura?
El sistema constitucional español tiene cierta estabilidad,
está ahora mismo en una situación calamitosa pero ha estado funcionando durante
casi 40 años. Desde la muerte de Franco y la Transición, hemos tenido un
sistema político ordenado jurídicamente a través de la Constitución y que ha
funcionado de una manera razonablemente satisfactoria. Y se han ido dando
respuesta a la mayor parte de problemas que habían impedido estabilizar un
régimen constitucional: la
compatibilidad de la monarquía con el derecho de sufragio universal; la
supresión del poder militar, que vigilaba al poder civil y lo sustituía
periódicamente en el siglo XX; la tensión con la Iglesia que había sido
insoportable en los procesos de 1869 y 1931... Hemos conseguido el respeto a
los derechos fundamentales; establecer relaciones laborales; una
descentralización política de envergadura; la alternancia sucesiva en el
poder...
Esta Constitución nos ha permitido aprobar muchas de las
asignaturas constitucionales que teníamos pendientes de nuestra historia, pero
nos queda la gorda: la reforma de la Constitución, que es la máxima expresión
del principio de legitimidad democrática del Estado constitucional.
La reforma es una vía de renovación de la legitimidad
constituyente y de comisión de la legitimidad constituyente originaria con la
legitimidad de ejercicio de los poderes del Estado constituido. Y sin reforma
de la Constitución se pierde ese vínculo de la legitimidad de origen y la
legitimidad de ejercicio, y la legitimidad de origen conforme pasa al tiempo va
perdiendo consistencia. Y se queda el sistema vacío de legitimidad.
¿Nuestro sistema está vacío de legitimidad?
Está vaciándose a una velocidad de vértigo ¿Hay una cosa más
vergonzosa que hacer en una legislatura cinco presupuestos, en lugar de cuatro,
y con trampa? ¿Hay mayor síntoma de vaciamiento de legitimidad de un parlamento
al que se le va a hacer votar una cosa que saben que no se va a cumplir? Lo
mismo ocurre con la Ley Wert de Educación, que no se aplica ni se aplicará...
O sea, las elecciones de 2015 serán cruciales para confirmar
si el sistema bipartidista ha muerto.
En España se tenían que haber ido produciendo reformas
periódicamente, que nacen del interior de la sociedad española. Pero no ha
ocurrido. Mi impresión es que en estas elecciones va a resultar un panorama de
ingobernabilidad. Esta Constitución está pensada para que se gobierne a través
del bipartidismo y, si no, no funciona. Es muy difícil que vaya a funcionar si
ningún partido llega a los 120 diputados. Lo que está pasando en Catalunya es
lo que va a acabar pasando en el resto de España.
Entonces, ¿Catalunya es la avanzadilla?
Catalunya es peor, porque está desintegrada políticamente,
porque tiene la independencia y se ha fracturado internamente. Lo que está
pasando en Catalunya tiene un componente de una fragilidad superior. Pero no es
tan diferente que lo que va a pasar en España.
Creo que no estamos viendo todavía la película bien; la
iremos viendo conforme nos vayamos aproximando al 20 de diciembre. Yo creo que
la dimensión de la fractura territorial se va a acentuar.
Electoralmente Catalunya se ha independizado de España, a
partir de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010. Si se cogen los
resultados desde 1977, el sistema de partidos de Catalunya y de España son
primos hermanos: existen concomitancias entre los resultados para los partidos
de gobierno de España. Siempre tienen más del 50%, entre los dos. Y CiU dirige
en Catalunya y contribuyen a la gobernabilidad del Estado, aunque se tenga
mayoría absoluta. Esto es lo que se ha roto: los partidos de gobierno de España
han dejado de tener presencia en Catalunya. Si proyectas los resultados del 27
de septiembre en las circunscripciones electorales para el Congreso de los
Diputados, te sale que el PP obtendría de 3 a 4 escaños y el PSOE de 5 a 6
escaños, quizá 7. ¿Y cómo gobiernas España con 3 diputados en Catalunya? Para
gobernar España tienes que tener una presencia en Catalunya.
Pero su argumento choca con el surgimiento de partidos
alternativos que se está produciendo y las posibles coaliciones con ellos,
donde el resultado proyecta que la mitad de los electores no es
independentista...
Otra cuestión es que el independentismo sea un espejismo,
que no sea posible. Esa es mi impresión.
Cuestión distinta es que nos encontremos en una situación de desgobierno. El independentismo catalán no tiene fuerza para independizarse, pero le sobra tamaño para hacer ingobernable al Estado. Ese es el drama. El drama no es que ellos se vayan a independizar, sino que nos podemos convertir en ingobernables porque tienen un peso: Catalunya es Catalunya. Electoralmente ha cortado. Ahora veremos políticamente qué es lo que va a pasar.
Cuestión distinta es que nos encontremos en una situación de desgobierno. El independentismo catalán no tiene fuerza para independizarse, pero le sobra tamaño para hacer ingobernable al Estado. Ese es el drama. El drama no es que ellos se vayan a independizar, sino que nos podemos convertir en ingobernables porque tienen un peso: Catalunya es Catalunya. Electoralmente ha cortado. Ahora veremos políticamente qué es lo que va a pasar.
¿No tiene la impresión de que el sentimiento ha reemplazado
a la legalidad?
Aquí lo que ha pasado es que el Tribunal Constitucional
formalmente dicta una sentencia en 2010, pero materialmente esa sentencia es un
golpe de Estado. La sentencia del TC es un golpe de Estado. Es decir, la
Constitución territorial española se basa en el pacto entre el parlamento
autónomo y el Congreso de los Diputados para la elaboración de un estatuto que
remite la cámara autónoma y el referéndum posterior entre el cuerpo electoral
de la nacionalidad o región. En caso de desacuerdo, prevalece la voluntad del
Congreso sobre la del parlamento autónomo. Si hay acuerdo, el texto tiene que
ir al cuerpo electoral de la nacionalidad o región para su refrendo.
Es decir, el parlamento de la autonomía no puede imponer al
Estado un estatuto con el que no esté de acuerdo, ni el Estado puede imponer a
la nacionalidad o región un estatuto con el que sus ciudadanos no estén de
acuerdo. Esa es la Constitución territorial. Y esa Constitución se ha cumplido
siempre desde 1978, pero se rompe con la reforma del Estatuto de Catalunya: el
Tribunal Constitucional desautoriza el pacto entre los dos parlamentos y le
quita la última palabra a los ciudadanos que se habían pronunciado en
referéndum. Nos hemos quedado sin Constitución; está dirigida a unos ciudadanos
que rechazan en un 80% esa desautorización.
En su opinión, el Tribunal Constitucional jamás debió
intervenir en el Estatuto.
La inserción de un territorio o región en un Estado no puede
hacerlo nada más que órganos legitimados democráticamente de manera directa,
que son órganos legitimados que pueden pactar. Un Tribunal Constitucional no
puede pactar. Puede intervenir a posteriori en la interpretación que se haga
para concretarlo. Pero no puede corregir el pacto entre parlamentos y
desautorizar a los ciudadanos. Por eso no tenemos salida en Catalunya, porque
nos hemos quedado sin Constitución. Formalmente tenemos Constitución, pero
materialmente ha dejado de ser aceptada por los ciudadanos a los que va
dirigida.
¿Es una Constitución fallida en Catalunya?
Los ciudadanos que tienen que aceptarla y hacerla suya, no
la aceptan. ¿Qué hacemos, jurídicamente? ¿Volvemos al Estatuto que anuló el TC?
Esto es un disparate. Pero no hay solución. Ahora mismo, ¿quién propone en
Catalunya que la fórmula Constitución/Estatuto de autonomía sea la fórmula para
la integración de Catalunya dentro del Estado? Eso ya no vale.
¿Y un reconocimiento en la Constitución a una singularidad
nacional catalana y un sistema fiscal a semejanza del Cupo vasco?
La única salida, a estas alturas del lío, es la revisión de
la Constitución. Se tiene que constitucionalizar la estructura territorial del
Estado. Tanto en 1931 como en 1978 la solución que se encontró fue no resolver
el problema en la Constitución sino que ésta posibilita que se dé la respuesta
a través de los Estatutos.
La estructura del Estado no está en la Constitución, no está
aprobada en referéndum por el pueblo español. Moraleja: el problema no puede
ser resuelto si no se da respuesta en el propio texto constitucional. Hay que
pactar. Los distintos territorios de España tenemos que mirarnos a los ojos y
pactar cuál es el lugar que vamos a tener en el Estado. Es decir, hay que hacer
un Estado Federal.
¿No tenemos un Estado federalizado?
Este Estado es antifederal. El territorio en base al cual se
hace la definición del Estado es la provincia, pero no las comunidades
autónomas que existen sociológicamente y casi no existen para la Constitución.
Esa es la barbaridad. Cogen la provincia, que es la institución territorial del
antiguo régimen, y con base en ella se define la representación del pueblo
español tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Nuestra
Constitución territorial es una Constitución provincial. Y eso es antifederal y
antidemocrático. El Senado es materialmente anticonstitucional; ¡el Senado es
un aborto! Ese es el órgano a través del cual las comunidades autónomas, como
apéndice de las provincias, participan en la formación de la voluntad del Estado.
Usted considera que la Transición fue una "trampa"
para incrustar la monarquía y cuestiona el propio proceso de definición de las
Cortes Constituyentes...
El objetivo de la Transición fue garantizar la restauración
monárquica. Es una transición a la democracia, indispensable para que la
monarquía no se ponga en cuestión, porque la monarquía no podía sobrevivir a
esas alturas de la historia sin un Estado democrático. Y para eso es para lo
que sirve la Ley de la Reforma Política y el decreto-ley de normas electorales.
Y lo consiguen: un Congreso de los Diputados en el cual, mediante una
desviación calculada del principio de igualdad, garantizaron unos determinados
resultados y un Senado provincial donde, aparte de garantizar el bipartidismo,
evitaron el federalismo. No podían instaurar un Estado central unitario, pero
tampoco el Estado federal. Esa fue la pulsión. A través de la provincia
consiguieron un bipartidismo dinástico en el Congreso y un Senado que es un
baluarte contra el federalismo.
Lo que hace falta es el Estado federal, porque el Estado
federal es el que se pacta en sede constituyente. El Estado de las autonomías
es un punto de llegada, la Constitución no lo define.
El Estado Federal hay que pactarlo, y no se ha hecho nunca.
La sociedad española nunca ha sido capaz de enfrentarse con su complejidad
territorial y definirla constitucionalmente. Y ha cogido atajos, que siempre
acaban en el Tribunal Constitucional que los hace saltar por los aires.
La monarquía también tendría que abordarse en la reforma de
la Constitución...
Las tres grandes decisiones constitucionales son: monarquía,
constitución bipartidista y antifederalismo. Fue una Constitución monárquica,
bipartidista y antifederal. Y eso se cuela en la Constitución y no se debatió
en las Cortes Constituyentes. Esas tres grandes decisiones se debaten y se
establecen en las Cortes de Franco que dieron paso a la Ley para la Reforma
Política. Ahí la responsabilidad del PSOE es inmensa, que entra como partido
republicano y acaba siendo un partido dinástico.
¿Qué tendrían que hacer el Congreso y el Senado?
La Constitución está a punto de saltar por los aires sin que
exista alternativa de gobernabilidad. Su revisión tienen que realizarla el
Congreso y Senado. Pero lo primero que tendrían que hacer es desaparecer en la
revisión del texto constitucional. El Senado, por supuesto, y también el
Congreso: la complejidad de la sociedad española no puede expresarse a través
de esa cámara, y vamos a verlo ahora en las elecciones, porque nos encaminados
hacia la ingobernabilidad.
El principio de igualdad tiene que hacerse valer; no puede
estar domesticado, que es lo que se hizo en la Transición a través de un
mecanismo electoral para garantizar el sistema bipartidista, que ha penetrado
en todos los poderes e instituciones. Con el principio de igualdad, donde el voto
vale lo mismo en todas las circunscripciones electorales, el resultado final no
lo controlan.
Sorprende oír hablar de territorios y no de derechos
sociales o de demandas como iniciativas populares contra el sistema hipotecario
presentado por plataformas antidesahucios, que acabaron estampadas ante un muro
del Congreso.
En las propuestas de reformas que se estudian aparecen estas
cuestiones. Pero primero hay que resolver quién va a tomar la decisión y quién,
a partir de este momento, va a ser el representante el pueblo español. La
composición de las Cortes Generales es decisiva, y ahí tiene que haber una
traducción del principio de igualdad, y no de la igualdad domesticada, cautiva
y encorsetada de la Constitución.
¿Y la reforma del Tribunal Constitucional?
Es una monstruosidad. Esto es una derivación de la sentencia
famosa del 2010: encargas al Tribunal Constitucional que te resuelva tus
problemas, para no tener el coste político de poner en marcha el artículo 155
de la Constitución, al igual que ocurre con la Ley de Seguridad Ciudadana.
¿Existe consenso entre los constitucionalistas de que
estamos al final de este proceso, como usted sostiene?
Yo creo que no. Mi posición es más bien minoritaria.
En la profesión ya hay un acuerdo avanzado de que estamos ante una crisis.
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